Las ciudades agrupadas en la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) aprobaron ayer en Valencia un documento en el que solicitan un cambio en la Ley de Contratos del Sector Público para facilitar la integración del sector privado en las denominadas «Smart cities». La legislación actual es excesivamente «rígida» en asuntos como los plazos, la unificación de servicios o la colaboración de las concesionarias con «terceros».

Tras el acto de apertura, celebrado en las dependencias de Tabacalera, el presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Iñigo de la Serna, explicó junto a la alcaldesa Rita Barberá que la función de esta organización, a la que pertenecen 54 ciudades de más de 50.000 habitantes, es poner en común las iniciativas adoptadas en la tecnificación de las ciudades y su aplicación en los servicios públicos.

Para ello se han creado cinco grupos de trabajo bajo los epígrafes «Gobierno abierto», que se preocupa de la transparencia municipal y la difusión de documentos que históricamente «se han guardado en los cajones»; «Energía», con medidas para optimizar el alumbrado público o la colocación de detectores de personas; «Medio Ambiente», que aborda los sistemas de riego inteligentes o las nuevas formas de medir la calidad ambiental tras las obsoletas estaciones actuales; «Movilidad», que se centra en el vehículo eléctrico y en el diseño de una tarjeta que permita la recarga fuera de la ciudad y con distintos operadores; y «Gobierno, Economía y Negocio», grupo liderado por Valencia que intenta, entre otras cosas, crear una base de «Apps» para compartirlas entre ciudades, así como la consolidación de sedes electrónicas.

El problema, sin embargo, se llama Ley de Contratos del Sector Público, una legislación «muy rígida», dijo Íñigo de la Serna, que dificulta la participación del sector privado. Precisamente con la idea de cambiarla, ayer se dio el visto bueno a un documento que pide mayor flexibilidad en los plazos para poder incorporar nuevas tecnologías, la unificación de varios servicios públicos en un único contrato o la posibilidad de que las entidades concesionarias puedan firmar acuerdos con entidades privadas para la difusión de nuevas tecnologías y la recuperación de inversiones.

Fuente: www.levante-emv.com

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