El ahorro de energía ya era una prioridad, sobre el papel, de la Unión Europea, pero ha pasado a serlo aún más a raíz del conflicto con su mayor suministrador de gas y petróleo, Rusia. En 2012 entró en vigor la directiva de eficiencia energética para aplicar el actual objetivo de reducir el uso de energía en un 20% para 2020 comparado con el uso previsto. Sin embargo, la crisis económica no ayuda.

En lo que se refiere a la construcción de edificios, la directiva europea de eficiencia energética exige que desde ahora y hasta 2020 las nuevas edificaciones, así como la rehabilitación de los edificios existentes, se deben hacer bajo la premisa de consumo energético casi nulo. En España existe un parque edificado de unas 25 millones de viviendas que fueron construidas sin criterios de eficiencia energética. 

Con la nueva directiva, los estados de la UE se asegurarán de que a más tardar el 31 de diciembre de 2020, todos los edificios nuevos sean edificios de consumo de energía casi nulo, y de que después del 31 de diciembre de 2018, los edificios nuevos que sean propiedad de autoridades públicas sean edificios de consumo de energía casi nulo.

La Comisión Europea asegura que la UE está en camino de cumplir en términos generales con el objetivo mediante medidas como el aislamiento de edificios. Sin embargo, la mayoría de los países europeos no están haciendo sus deberes; entre ellos, España.  

Hace unos días, la CE abrió procedimiento de infracción contra España y otros 23 Estados miembros por no haber notificado a tiempo las medidas con las que debían dar cumplimiento a la directiva europea de eficiencia energética. Los Veintiocho debían haber comunicado esas medidas a Bruselas antes del pasado 5 de junio, pero 23 países no lo hicieron y Dinamarca informó a la Comisión fuera de plazo.

Además de España también ha sido expedientados Francia, Alemania, el Reino Unido, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Austria, Bulgaria, Croacia, la República Checa, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. Es decir, que los únicos cinco estados que han aplicado la ley son Chipre, Italia, Malta, Suecia y Dinamarca –aunque fuera de plazo–, según la lista publicada por la Comisión.

Bruselas ha enviado una carta formal de advertencia a los 23 dándoles dos meses para responder. Las cartas de emplazamiento inician el procedimiento de infracción comunitario. Ahora los países tendrán un plazo de dos meses, desde el 22 de julio, para ponerse en contacto con la Comisión. Los países que no cumplan afrontan la posibilidad de fuertes multas por cada día que no apliquen la directiva energética.

Fuentes estadísticas muestran que el 40% de la energía primaria que se consume en Europa lo hace en el sector de la edificación y el transporte urbano, que constituye una de las principales fuentes de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera.

Fuente: www.20minutos.es

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